Una Agencia necesaria para la Salud Pública

Por José Martínez Olmos, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exsecretario general de Sanidad del Gobierno

Parece probable que en esta ocasión la Agencia Estatal de Salud Pública se convierta, por fin, en realidad cuando tras su inminente paso por el Senado, las Cortes aprueben la Ley de su creación.

La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto la necesidad de un organismo técnico independiente que ya habíamos previsto en la Ley General de Salud Pública de 2011 para situaciones de esa naturaleza y que, desgraciadamente, no se había puesto en marcha incumpliendo ese mandato legal.

Hoy estoy seguro que la mayor parte de la sociedad española entiende lo positivo que habría sido tener esta Agencia marcando el paso a las decisiones de aquel tiempo, con la perspectiva científica y técnica que debe fundamentar las medidas adoptadas en esas situaciones.

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública nos va a permitir disponer de una organización que pueda dar soporte a las políticas públicas de salud con un armazón institucional que requerirá la dotación de personal cualificado en un entorno de independencia y máxima autonomía de gestión. La labor de los profesionales de esta Agencia ayudará a las decisiones que permiten hacer realidad el principio constitucional del derecho a la protección de la salud.

Por otra parte, la Agencia tiene que ser capaz de organizar una acción institucional coordinada entre las administraciones públicas (la estatal y la de las autonomías) dado que ambas tienen competencias en materia de salud pública. Muchos de los problemas de salud pública tienen base en agentes infecciosos que no entienden de fronteras o divisiones territoriales.

Otros problemas, que van ligados a estilos de vida o contaminación (por ejemplo) requieren coordinación y fomento de buenas prácticas. En casi todos los casos, los desafíos de salud pública son también de carácter global, donde la coordinación europea o más allá (con la OMS) se beneficiará con la nueva Agencia.

Finalmente, señalar que la persona que acceda a la dirección de este nuevo organismo deberá actuar desde la mayor independencia y autonomía, avalada por el mayor prestigio profesional posible. El proceso de selección definido en el proyecto de Ley así lo determina de manera acertada.