Sanidad aplaza la aprobación de la futura ley del medicamento. Después de la avalancha de más de 400 enmiendas presentadas por los agentes del sector, el Ministerio ha optado por darse más tiempo para digerir las propuestas y proponer un nuevo texto que recoja unos cambios que, de momento, no han trascendido.
En su comparecencia tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que llevará en septiembre el anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de Ley. Sanidad dejará pasar así el verano para dar forma a un texto que debe permitir incorporar la innovación farmacéutica, agilizar el acceso de los pacientes a los nuevos fármacos y garantizar tanto la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud como la autonomía estratégica del sector.
García también se ha referido a otra cuestión espinosa como la reforma del copago farmacéutica, un debate que su departamento dejará abierto para su tramitación parlamentaria.
Los consejeros de Sanidad de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero también de algunas regiones como Castilla-La Mancha, han criticado la falta de información y de diálogo por parte del Ministerio sobre el anteproyecto y los posibles cambios que se introducirán en el texto. Muchos consejeros han recalcado la cantidad de alegaciones presentadas durante su fase de audiencia pública para subrayar que se trata de "una enmienda a la totalidad" al anteproyecto.
El consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha reclamado a Sanidad que "acepte al menos las alegaciones propuestas por las comunidades autónomas, ya que de lo contrario será una imposición". "No satisfechos con esta actitud de desprecio a las administraciones autonómicas, además hurtan nuestras competencias eliminando las referencias a la Comisión Permanente de Farmacia que es el órgano delegado del Consejo Interterritorial", ha lamentado.
Además, ha instado a reforzar la participación de las comunidades autónomas en el proceso de evaluación de medicamentos "para que puedan proponer la participación en el sistema de profesionales sanitarios como expertos independientes".
Por su parte, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha explicado a lo largo del CISNS que "parece que ninguna de ellas se ha tenido en cuenta y esto no es otra cosa que una enmienda a la totalidad", según recoge EP.
Nuevas pruebas génicas
Además del debate en torno a la nueva regulación del medicamento en España, Sanidad ha aprobado 11 acuerdos, según ha señalado la ministra. Se ha actualizado así el Plan de Terapias Avanzadas 2025-2028, enfocado en fomentar los medicamentos CAR-T, para ampliar el catálogo de pruebas génicas con nuevas pruebas y ámbitos de actuación, como tumores hematológicos y enfermedades hereditarias . Se trata de lograr un diagnóstico precoz de los pacientes. El balance de este plan es, a juicio de la ministra, "muy positivo", ya que ha permitido tratar hasta ahora a 2.000 pacientes con nuevas terapias basadas en tecnología CAR-T en la red de centros cualificados distribuidos por la sanidad pública.
La estrategia impulsa la investigación pública y la fabricación propia de estos medicamentos a través del desarrollo académico. Para ello, se articula el uso regulado de la exención hospitalaria, un instrumento que permite a hospitales del SNS aplicar terapias desarrolladas en su propio entorno para pacientes concretos.
Financiación para plazas de Medicina
Otro de los debates que ha suscitado más críticas es el real decreto para financiar las plazas de grado de Medicina durante el curso 2025-2026. El Ministerio ha sugerido que dicha financiación sea compartida entre las comunidades autónomas, las universidades y el Gobierno, con el fin de ampliarlo al grado de Enfermería.
Sanidad ha anunciado que aportará cerca de 27 millones el próximo curso a las universidades públicas para financiar 1.783 plazas de Medicina, de las cuales 922 son de primer curso, 642 de segundo curso y 219 de tercero. Este real decreto financia un importe estimado de 15.000 euros en concepto de gastos corrientes por cada plaza adicional o mantenida que supere la cifra recogida en la memoria de verificación de la universidad a fecha 31 de diciembre de 2025.
Además, el CISNS ha aprobado la designación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona-SEM, el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid-SUMMA112 y el Hospital Universitario Regional de Málaga-SAMU como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en transporte en oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO, en sus siglas en inglés) para pacientes pediátricos y neonatales.
Entre otros acuerdos, el Pleno del CISNS ha aprobado la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS para el periodo 2025-2035, un marco de referencia que orientará las políticas y acciones destinadas a garantizar una atención sanitaria más segura, equitativa y de calidad en todo el territorio nacional.
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