Después de tres años de negociaciones y más de siete millones de fallecimientos a causa del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha creado el primer tratado internacional contra las pandemias. Entre los principales cambios propuestos destaca el Sistema de Acceso y Participación en los Beneficios (PABS, por sus siglas en inglés) y un acuerdo para la transferencia de tecnología.
Sin embargo, la ausencia de Estados Unidos en la mesa de negociaciones deja en vilo la eficacia que tendrá estos nuevos mecanismos. Además, el borrador, aunque avalado por los estados miembros, deberá ser votado en la siguiente Asamblea General.
Un mecanismo contra la desigualdad
La emergencia sanitaria del COVID-19 dejó al descubierto la desigualdad entre naciones. En contra de las recomendaciones de la OMS y expertos: los países más ricos acapararon vacunas hasta el punto en el que tuvieron que tirar a la basura dosis caducas y los más pobres sufrieron un mayor número de muertes evitables.
El nuevo sistema PABS busca que las empresas farmacéuticas y gobiernos compartan de manera rápida, transparente y gratuita toda la información sobre patógenos con potencial pandémico a cambio de un acceso justo a los productos derivados de dicha investigación. La propuesta establece que los fabricantes deben poner a disposición de la OMS el 20 por ciento de las vacunas, medicamentos o diagnósticos que se desarrollen gracias a la colaboración (la mitad se entregaría en forma de donación y la otra mitad a precios asequibles).
"Las negociaciones, en ocasiones, han sido difíciles y prolongadas. Pero este esfuerzo monumental se ha sustentado en el entendimiento compartido de que los virus no respetan fronteras, de que nadie está a salvo de las pandemias hasta que todo el mundo esté a salvo", doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.
Intercambio de tecnología
Al igual que con el PABS, la transferencia de tecnología y conocimientos técnicos durante las pandemias ha sido uno de los puntos más problemáticos de la negociación. En la emergencia del COVID-19 los gobiernos financiaron investigaciones, pero no siempre tenían un voto acerca de cómo se iban a compartir o implementar los resultados.
El acuerdo de la OMS obliga a los países a compartir la tecnología que fue desarrollada con fondos públicos. No obstante, tras la resistencia de varias naciones, el texto final dejó fuera la manera en la que este mecanismo será enforzado.
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