La nueva ley del medicamento reconocerá la especificidad de la compra de tecnología sanitaria en centros hospitalarios primando el valor, la calidad y la innovación en las contrataciones públicas.
El Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, que se encuentra en fase de tramitación después de cerrarse el pasado 8 de mayo el periodo de audiencia pública, responde así a una de las grandes demandas estratégicas de Fenin, la patronal de las empresas de tecnología sanitaria, según admite David Castillo, director de Legal y Compliance.
El texto propuesto por el Ministerio de Sanidad modifica la Ley de Contratos del Sector Público en una disposición final cuarta para priorizar nuevos modelos de compra pública basados más en el valor, la calidad y la autonomía estratégica, y no tanto en el precio. Para ello, el punto 8 de la disposición establece que el precio no podrá ponderar "en más de un 20% de los criterios de adjudicación, salvo justificación motivada en el expediente". Fenin confía en que este requisito se aplique a todos los órganos de contratación y no solo a las comunidades autónomas.
La futura regulación incidirá además en los criterios relacionados con la sostenibilidad ambiental para reconocer los esfuerzos de la compañía vinculados a reducir el impacto de su huella de carbono.
En la actualidad, la ponderación del precio varía según el tipo de contrato y la decisión del órgano de contratación, que debe justificar y detallar en los pliegos la ponderación asignada a cada criterio.
Estas condiciones podrían variar en el futuro si finalmente se aprueba la ley del medicamento con la actual disposición cuarta, que estaría pendiente de un posterior desarrollo reglamentario.
La disposición final cuarta establece además un plazo máximo de duración de cinco años en los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva, con sus excepciones. Por ejemplo, en el caso de los acuerdos de suministro de medicamentos basados en terapia génica, que se administran por una vez y en los que se espera que sus efectos se prolonguen en el tiempo por una duración superior a cinco años. El plazo en estos tratamientos se podrá extender hasta un máximo de diez años.
Sistemas de adquisición centralizada
Por otro lado, Sanidad potenciará también los acuerdos marco y sistemas de adquisición centralizada para contener el gasto hospitalario. Se dará así vía libre a las centrales de compra y se facilitará a la comunidades autónomas que se adhieran, de forma voluntaria, a estos acuerdos con los que se busca ahorrar entre 30 y 50 millones de euros anuales para el Sistema Nacional de Salud, según la memoria económica de Sanidad.
Sanidad quiere así frenar el gasto farmacéutico hospitalario público que, entre 2003 y 2018, casi se ha triplicado, según datos del Ministerio, y que rozó ya los 10.000 millones de euros en 2023. Además de la inclusión de medicamentos disruptivos, como las terapias para la hepatitis C en 2015, uno de los motores de este crecimiento del gasto en el canal hospitalario se debe a "una deliberada asignación como estrategia de gestión al entorno hospitalario de los productos que pueden tener un precio más alto y/o una mayor necesidad de control en su uso", según reconoce el departamento que dirige Mónica García.
La Administración General del Estado ampliará este tipo de compras de medicamentos y productos sanitarios que, hasta ahora, se han centrado en la adquisición de vacunas, factores de coagulación, antirretrovirales, inmunomoduladores y epoetinas, además de productos sanitarios, como prótesis de cadera, hombro o implantes intraoculares, entre otros.
Requerirá una guía de contratación, que se elaborará con la participación de las regiones, con el fin de desarrollar modelos alternativos de contratación e impulsar fórmulas disponibles como las compras dinámicas, que ofrezcan en cada licitación la incorporación de nuevos proveedores.
El Gobierno quiere inducir así una mayor competencia en la compra de innovación, además de en el mercado de genéricos y biosimilares, a través de las compras que se producen a nivel centralizado con comunidades autónomas y centros hospitalarios.
Otra área de gasto hospitalario donde Sanidad centrará sus esfuerzos de ahorro es en los productos sanitarios sin receta, una partida de gasto hospitalario que superó los 7.000 millones de euros en 2024. Con acuerdos de adquisición centralizada que generen más competencia en el sector, este departamento aspira a recuperar 100 millones de euros de gasto público, que se reducirán a 50 millones, porque la mitad del importe se destinará a revisar al alza precios en niveles muy bajos.
El Ministerio plantea impulsar además no solo la contratación conjunta a nivel nacional, sino participar en Europa en contrataciones conjuntas de medicamentos o productos sanitarios donde esté mecanismo de compra esté justificado. Para activar este mecanismo se precisará de acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS.
Precisamente, la Comisión Europea está reforzando su preparación ante una posible pandemia de gripe y ha ofrecido a 17 países la posibilidad de adquirir más de 27 millones de dosis de vacunas contra la gripe pandémica a través de un nuevo contrato de adquisición conjunta.
Los contenidos publicados en Gaceta de Salud han sido elaborados con afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios recogidas por un grupo de periodistas especializados en el sector. Recomendamos al lector consultar cualquier duda relacionada con la salud ante un profesional del ámbito sanitario.