El Ministerio de Sanidad y las CCAA han dado finalmente luz verde al Plan de Salud Mental, después de que en el pasado mes de febrero fuera rechazado por el PP. Entonces, estos territorios se ampararon en una carta de la Sociedad Española de Psiquiatría, que, entre otros puntos, rechazaba el concepto de "deprescripción" de psicofármacos incluido en el Plan, abogando por sustituirlo por la expresión "uso racional".
Ahora, en una nueva redacción, el Ministerio de Sanidad ha aclarado que dicho término nunca se referirá a las personas con patología mental crónica, sino a aquellas que ya no necesiten la medicación. Es decir, el objetivo es poner el foco en aquellos pacientes que ya no necesitan el psicofármaco y no se le retira, a fin de acabar con el consumo excesivo de psicofármacos en España. Cabe recordar que es donde más antidepresivos y ansiolíticos se consumen en Europa.
Para ello, el Ministerio trabajará en el desarrollo de una "guía práctica clínica basada en la evidencia" que oriente sobre la deprescripción de los antidepresivos, cuya retirada "es especialmente complicada", en una época en la que se habla con una "naturalidad pasmosa" de un lexatín o un lorazepam, según ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, en rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Este proyecto se dotará de 39 millones de euros, que se suman a la inversión realizada en estos años, lo que da lugar a un montante total de 101 millones.
Además, se va a apoyar la regulación de la especialidad de psicología clínica en la infancia y en la adolescencia, en equivalencia con la especialidad de la psiquiatría en la infancia y la adolescencia y se facilitará también la capacitación y la integración de las redes de personas que hayan atravesado problemas de salud mental en la figura del acompañante terapéutico.
"Vamos a pedir a las comunidades que elaboren un informe de necesidades de recursos humanos de profesionales de salud mental que tenga en cuenta esta atención multidisciplinar y los recursos y los agentes comunitarios que nos permita identificar cuáles son los puntos críticos y poder reorientar todos los recursos y todos los profesionales con una mayor precisión", ha dicho García.
En tercer lugar, para garantizar los derechos fundamentales en la atención a la salud mental en línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud y la declaración de derechos de las personas con discapacidad, se impulsarán todas aquellas alternativas a la contención mecánica para reducir también las intervenciones y los ingresos involuntarios, con prácticas más humanizadas que respeten la voluntad y la integridad de las personas.
El Ministerio de Sanidad dará pasos también en la elaboración de un plan integral de desinstitucionalización, para que las personas que sufren problemas de salud mental "puedan tener una vida autónoma e independiente y que puedan vivir en comunidad". Contará además con la mayor colaboración institucional que ha habido hasta la fecha, asumiendo el esfuerzo de múltiples ministerios, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de los servicios sociales y de los servicios de emergencias y de otras instituciones como es el Instituto de Salud Carlos III.
A las comunidades del PP Mónica García les ha agradecido "el consenso, el rigor técnico y el interés general", porque "nunca es tarde si la dicha es buena" en relación al consenso alcanzado en el plan de salud mental.
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