El Congreso de los Diputados aprobó este martes el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), un nuevo organismo que marca un punto de inflexión en la arquitectura institucional del sistema de salud en España para vigilar, anticipar y responder a futuras amenazas sanitarias en España.
El texto incluye finalmente la exclusión de los medicamentos que contengan una innovación incremental del sistema de precios de referencia, consolidando así cambios normativos clave en innovación farmacéutica. Introduce además modificaciones en la normativa de veterinarios sobre distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, y mantiene, por último, tres enmiendas incluidas por el Partido Popular durante la tramitación en el Senado, que refuerzan la coordinación con las comunidades autónomas en su gobernanza.
A falta de que se publique en el BOE, la creación de la Agencia ya es una realidad tras la aprobación definitiva en el Congreso del proyecto de ley que la regula. Está previsto que esté plenamente operativa en los próximos meses, tras la aprobación de su reglamento y la designación formal de su dirección. La Aesap buscará fortalecer las capacidades del Estado en prevención, vigilancia, promoción y respuesta ante amenazas sanitarias, en estrecha coordinación con las comunidades autónomas y el tejido científico y asistencial.
Este nuevo organismo tendrá una estructura técnica con funciones centradas en la vigilancia del estado de salud de la población y sus determinantes sociales, la evaluación de riesgos sanitarios, la coordinación de respuestas frente a emergencias y la comunicación pública de amenazas sanitarias. Su actuación se fundamentará en el enfoque One Health (una sola salud), que entiende la salud humana, animal y ambiental como interdependientes.
Innovación incremental y gobernanza
La tramitación de la norma ha servido además para dar impulso a la innovación incremental en medicamentos. Una de las novedades incluidas es la exclusión de los medicamentos con innovación incremental del sistema de precios de referencia, lo que representa un respaldo a la industria farmacéutica, especialmente para aquellas mejoras terapéuticas que no suponen moléculas nuevas, pero sí avances significativos en seguridad, adherencia o eficacia clínica. Esta medida, impulsada a través de una enmienda transaccionada, busca fomentar la competitividad y el valor añadido en el desarrollo farmacéutico.
Introduce también mejoras en la regulación del medicamento veterinario. El texto recupera una disposición que permite la dispensación de tratamientos veterinarios en dosis fraccionadas, atendiendo a una reivindicación del sector tras la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023. La ley compromete al Ejecutivo a abrir una mesa de diálogo con el sector veterinario y a reforzar las campañas formativas para garantizar la seguridad en la prescripción y trazabilidad electrónica de los antibióticos.
Uno de los aspectos que se han reforzado es la gobernanza para dotar a las comunidades autónomas de una mayor participación. El nombramiento de la persona que presidirá la Aesap deberá someterse a una evaluación previa en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, dando respuesta a las demandas de mayor transparencia e implicación autonómica en la dirección del nuevo organismo. Esta medida, bautizada como cláusula antiSimón en referencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, forma parte de una de las tres enmiendas del Senado introducidas por el Partido Popular que se han mantenido en el texto final.
Por otro lado, establece la colaboración público-privada ante emergencias al incorporar una disposición al articulado definitivo que insta a reforzar la colaboración entre el sector público y el privado para asegurar la disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios en contextos de crisis sanitaria, como ocurrió durante los momentos más críticos de la pandemia. La medida busca garantizar el suministro y la coordinación logística entre fabricantes, distribuidores y administraciones sanitarias.
Entre las funciones clave asignadas a la nueva Agencia destacan la vigilancia epidemiológica y detección precoz de amenazas sanitarias, el desarrollo de estrategias de comunicación pública y educación en salud, la coordinación con los servicios de salud pública autonómicos y la red asistencial, el impulso de políticas intersectoriales para reducir desigualdades sociales en salud o el soporte técnico y normativo para el desarrollo de actuaciones de salud pública en todo el país.
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