El Tratado Global sobre Pandemias de la OMS, aprobado el pasado 20 de mayo por sus 194 miembros, responde a las grandes deficiencias detectadas durante la gestión de la pandemia de COVID-19, aunque no obliga a los Estados, ni fija calendarios o destina recursos. Su alcance y eficacia real dependerán de futuras negociaciones y de la voluntad de los Estados de aplicar las distintas medidas recogidas, una vez que han blindado su soberanía en el texto final.
La desigualdad en el acceso a las vacunas por parte de la población, la falta de coordinación entre los países, el acaparamiento de recursos y el colapso de la mayoría de los sistemas sanitarios, especialmente, de los más vulnerables fueron algunas de estas carencias de una pandemia que dejó cicatrices profundas en la salud global y evidenció importantes fallos estructurales en la respuesta internacional.
Una de las grandes novedades del tratado es el mecanismo introducido para intentar corregir el desequilibrio entre las naciones más desarrolladas y los países con menores ingresos. Para ello se crea el llamado sistema multilateral de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS). Este mecanismo obliga a los países a compartir muestras y datos genéticos de virus con potencial pandémico, a cambio de recibir al menos un 20% de los productos resultantes —como vacunas o medicamentos— en donación (un 10%) y otro 10% a precios asequibles. La OMS busca así garantizar que ningún país quede atrás por falta de recursos, una de las grandes deudas de la respuesta a la COVID-19.
Otra lección aprendida es la necesidad de ofrecer una respuesta coordinada y basada en la solidaridad. El nuevo tratado propone reforzar la cooperación internacional a través de la creación de un fondo global para financiar la preparación y respuesta ante pandemias, algo inexistente durante la crisis del coronavirus.
Asimismo, promueve el enfoque "Una sola salud", integrando vigilancia humana, animal y ambiental para anticipar brotes con potencial pandémico, en contraste con la fragmentación sectorial que dificultó la detección temprana del SARS-CoV-2.
Soberanía nacional: el debate no resuelto
Sin embargo, el tratado también refleja las tensiones y desconfianzas que marcaron la negociación. Muchos Estados temían ceder competencias a la OMS y perder control sobre sus políticas sanitarias. El texto final es explícito: la OMS no podrá imponer medidas obligatorias a los países, como confinamientos, mandatos de vacunación o cierre de fronteras. Cada Estado mantiene la soberanía sobre sus decisiones internas, limitando la capacidad del tratado para establecer respuestas globales vinculantes en tiempo real.
Esta salvaguarda responde a las críticas y temores de injerencia, pero también supone una debilidad estructural: en una emergencia, la falta de autoridad supranacional podría volver a generar respuestas descoordinadas y desiguales, como ocurrió en 2020. La OMS podrá recomendar, pero no obligar, y la eficacia del acuerdo dependerá de la voluntad política de los gobiernos firmantes.
Un marco aún en construcción
Aunque aprobado, el tratado no está ni mucho menos cerrado. Muchos de sus mecanismos clave, como el propio sistema PABS, quedan pendientes de negociación en anexos que deberán ser definidos y ratificados en los próximos meses. Hasta que detalles, como el anexo sobre el acceso a patógenos y reparto de beneficios, no se debatan y el texto no sea ratificado por al menos 60 países, el tratado no entrará en vigor. Estará además condicionado por la renuencia de los Estados a no ya ceder, sino a ni tan siquiera compartir sus competencias sanitarias a una organización internacional como la OMS, cuya gestión durante la pandemia tampoco supuso un refuerzo de su autoridad ante los países miembro.
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