El trasvase de asegurados mutualistas de la sanidad privada a la sanidad pública que propone la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y defiende abiertamente la ministra de Sanidad, Mónica García, tendría un coste directo para las comunidades autónomas de 1.136 millones de euros.
Medidas como la "progresiva incorporación de los nuevos mutualistas" al Sistema Nacional de Salud que plantea la autoridad fiscal suponen en la práctica la detonación del actual mutualismo administrativo que funciona desde los años setenta. Su desaparición obligaría a las regiones a absorber finalmente la asistencia de 1,57 millones de mutualistas y beneficiarios en un contexto de escasez de profesionales y de colapso asistencial con listas de espera en niveles récord.
El coste de desmantelar el modelo superaría los 1.000 millones de euros según distintos informes. El cálculo de la Fundación IDIS, que agrupa a los principales grupos y compañías del sector sanitario privado, es el resultado de considerar que el gasto sanitario per cápita de un mutualista en 2023 es inferior en 723 euros al de un usuario del SNS (1.013 euros frente a 1.736 euros, respectivamente), excluyendo del cálculo público los costes en farmacia (13.545 millones de euros) ni mutualidades (1.612 millones) para una población de 47,49 millones de habitantes.
Inversión en infraestructuras y profesionales
Sí admite la AIReF, en cambio, que la lista de espera de consultas subiría en 24,6 pacientes por cada 1.000 habitantes, desde los 81,6 hasta los 106,2 (un 30,1 % más) si no se afronta un refuerzo de los servicios. Lo mismo cabe esperar de la lista de espera quirúrgica, que se elevaría de 1,3 pacientes por cada 1.000 habitantes, de 18,2 a 19,5 (un 7,2 % más). Son porcentajes que coinciden con los avanzados por la Fundación IDIS.
Se trata de un escenario que obligaría a las regiones a incurrir en una fuerte inversión en profesionales, en un contexto de escasez de médicos y enfermeras, además de nuevas infraestructuras para paliar su impacto en una lista de espera quirúrgica y diagnóstica del sistema público. Estas listas se encuentran en niveles históricos y tendrían que absorber la cobertura privada que eligen 1,57 millones de mutualistas, según cifras de las mutualidades de diciembre de 2024.
Para gestionar esta mayor frecuentación y evitar que se agravasen la lista de espera de consultas y cirugías, el sistema público necesitaría añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual a nivel nacional.
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